La iniciativa busca acercar crédito a proyectos productivos de la Economía Social a través de inversiones hechas por organismos del Estado o empresas del sector privado
La Legislatura Porteña modificó la Ley N° 6.376 de Promoción de la Economía Social, que promueve políticas de incentivos para el fortalecimiento el desarrollo de las cooperativas de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, también llamadas Unidades Productivas de la Economía Social.
La modificación implica una actualización en las reglas de Fondo para el Desarrollo de la Economía Social (FONDES), la iniciativa lanzada en marzo del año pasado que busca acercar crédito a proyectos productivos de la Economía Social a través de inversiones hechas por organismos del Estado o empresas del sector privado. Por ejemplo, así las cooperativas y microempresas podían acceder a hasta 5 millones de pesos a pagar en un plazo de 24 meses con una tasa de interés del 29 por ciento.
Ahora lo que modificó la Legislatura porteña, con votos del Larretismo y el Peronismo, es el artículo 12 de la Ley, vinculado a quienes pueden ser aportantes del fondo con el que se dan créditos a las cooperativas. Hasta ahora podían invertir en las Unidades Productivas de la Economía Social el sector público (mediante asignaciones presupuestarias, rentas, legados y/o donaciones) y el sector privado (empresas, sociedades y organizaciones de todo tipo, nacionales e internacionales). A estos se le suman “los aportes provenientes de fondos comunes de inversión y de otros fideicomisos e incorporando también a instituciones públicas”, según dice el texto aprobado.
Para juntar la economía social y privada
En diálogo con el periodismo, la Gerente Operativa de Estrategias Financieras del Ministerio de Desarrollo Humano porteño, Daniela Giménez Munúa, aclaró que la modificación de la Ley surgió porque mucha empresas “colocaron carteras de créditos con éxito en cooperativas y al mismo tiempo se sumaron ocho empresas como inversoras del FONDES, pero algunas nos plantearon que les interesaba sumarse, pero sus figuras eran fondos comunes de inversión o fideicomisos”.
Por eso, desde el Ministerio de Hábitat porteño impulsaron las modificaciones para “que todos los privados constituidos como fideicomisos o fondos comunes que estén interesados en invertir en la Economía Social puedan hacerlo, ya que no hay mucha oferta de crédito para el sector”. Y argumentó: “Lo que queremos es acercar puntas, que la economía formal y privada se pueda juntar e impulsar a la Economía Social, buscamos una interacción virtuosa”.
Giménez Munúa recordó que “el FONDES ahora está por cumplir un año de funcionamiento, y ahora decidimos introducir esta modificación en la Ley para abrir el panorama a todos los inversores interesados”. Las empresas y entidades del sector privado que ya comprometieron aportes son Balanz, Banco Galicia, Banco Patagonia, Cámara de Saneamiento Ambiental, Grupo L, Grupo Mitre, Grupo Murchison, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) y Pampa Energía.
Mientras que, según informó Giménez Munúa, más de 250 unidades productivas (cooperativas y micro empresas) fueron beneficiadas con algún crédito que salió del FONDES.